En la conclusiones de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural de 1982 se determina que “el Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”.
Esta definición supone una ruptura con lo establecido por la misma institución en 1972 en la Convención del Patrimonio Mundial y Natural, donde se legitimaban exclusivamente las expresiones de la arquitectura y del arte con interés histórico o artístico. De esta manera se empieza a dar valor a las manifestaciones populares, a las no académicas, a las que no tienen registro material y se basan en la oralidad, como integrantes del patrimonio cultural de una sociedad. En 2003 la Convención del Patrimonio Inmaterial deja ya establecida esta ampliación conceptual que implica a su vez la necesaria participación de la sociedad civil en todo el proceso, que va desde identificar los bienes muebles o inmuebles que consideran como parte de su devenir histórico hasta colaborar en su conservación, difusión y uso social.
Es esta una de las razones por la cual en los últimos años se ha producido un proceso de redescubrimiento del patrimonio cultural y natural desde una perspectiva integradora, vinculado con la ciudad y con la gente, en donde la sociedad civil se compromete a proteger lo que considera un derecho básico, el derecho a la ciudad y a la calidad de vida.
En la actualidad, en las sociedades democráticas, la participación de los ciudadanos es esencial en el momento de planificar el desarrollo de una ciudad. Su colaboración es un requisito imprescindible para el Estado en el momento de la toma de decisiones e implica una nueva manera de entender las políticas públicas a partir de la construcción de consensos y de aunar intereses diversos, que apunten a la recuperación de la habitabilidad perdida en los espacios urbanos. Las reflexiones en torno al espacio público en un proceso de planificación moderno están vinculadas a un pensamiento abierto, multidisciplinar, que aleja la figura del “gran planificador” y a los modelos rígidos para estimular el trabajo colaborativo, la aceptación de la contingencia y la evaluación de procesos como herramienta necesaria. Es en los espacios públicos donde sucede y buscamos la vida social y pública, donde nos encontramos y nos reconocemos como sociedad. Fomentar la participación y la asociatividad es un nuevo modelo de gestión compartido significa la construcción de una cultura cívica que propicia la “ciudadanización” de la gestión pública, comprometida con un desarrollo cultural participativo.
Dentro de este marco, queremos abordar el problema que representa en el partido de La Plata el daño ocasionado a partir de la intervención con pintura en aerosol a bienes que son parte del espacio público y del dominio privado. Estas manifestaciones o “intervenciones” muchas veces implican una degradación que afecta, entre otros, a bienes culturales y artísticos, edificios privados y públicos y bienes de uso público como son los trenes y las estaciones. No es nuestra intención criminalizar estas manifestaciones, ni solicitar soluciones punitivas asociadas únicamente al control y a la pena, pero sí encontrar acuerdos que permitan encauzar estas expresiones.
No toda intervención sobre un bien supone un Grafitti o un Tagging. Estas son maneras de percibir e interactuar con el mundo y son el resultado de pintar textos y dibujos abstractos en las paredes de manera creativa con fines expresivos. Supone un acto veloz, rebelde y no autorizado. También existen pintadas que anuncian un candidato o un partido político o proezas deportivas, que no necesariamente son consideradas creativas, pero comparten con las primeras su característica de interferencia no permitidas en el espacio público. Es por esta razón que los que adherimos a este Pacto por la Ciudad proponemos que los acuerdos deben ser establecidos con los partidos políticos, instituciones deportivas, institutos de enseñanza de arte y colectivos de artista. Este texto nace de las asociaciones DNI City Bell, Fundación Ciudad de La Plata e ICOMOS Argentina, pero con vocación de sumar a las entidades que consideran que el mejoramiento de nuestra calidad urbana es un derecho que debemos ejercer de manera democrática y participativa. Por ello es que solicitamos, entre otros, a los partidos políticos y a los clubes de futbol de la región que se sumen a este acuerdo, que nos ayuden a buscar juntos las mejores soluciones que posibiliten tener una Ciudad que sea ejemplo de convivencia, de cuidado del espacio público y de respeto.
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